Espacio del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV “Padre Luís María Olaso”, para el abordaje de los derechos humanos desde la opinión, la reflexión, análisis y denuncia de temas centrales que afectan a la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Por. Juan Carlos Barreto (*)

El viernes 16 de marzo de 2021  la Organización Aula Abierta Venezuela junto al observatorio de Derechos Humanos de la ULA, la Comisión de DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, el Centro para la Paz y los DDHH de la UCV, reunimos a un  grupo de activistas de derechos humanos y estudiantes para  analizar la situación de la libertad de expresión  y acceso a internet de la juventud universitaria en Venezuela. 

Como parte del panel de invitados, me correspondió el tema “libertad académica y su relación con el acceso a internet y otros derechos vinculados al quehacer universitario”. Fue preciso hacer referencia a la  educación, como un  derecho humano básico y un elemento central del desarrollo sostenible y las capacidades humanas. Además, es un aspecto central del cuarto objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que busca «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos». Es decir,  permitir a los  individuos construir vidas más prósperas y exitosas, libertad económica  y bienestar social.

Actualmente, el contexto educativo está marcado por la suspensión de actividades académicas presenciales, en el marco del Decreto N° 4.159, de fecha 13 de marzo de 2020, que declara la situación de alarma nacional, dictando medidas preventivas para evitar la propagación del Covid -19, medidas que se han prolongado hasta la actualidad. Siendo necesario programar  estructuras de contenidos,  estrategias didácticas y herramientas tecnológicas comunicacionales, para adecuar   contenidos que tradicionalmente se realizaban de manera presencial,  de acuerdo a la naturaleza de la cada materia, los aspectos prácticos y otras condiciones de exigencia en los planes  educativos.

En este sentido, el acceso a internet es fundamental para mantener la calidad educativa en formatos virtuales y, la libertad académica como la garantía que deben tener  profesores y estudiantes a enseñar, investigar y difundir conocimientos, hacer ciencia, cultura y arte,  a ser críticos desde una visión experta, sin que por esta actividad se vea comprometido el ejercicio académico.

Es decir, la libertad académica es un asunto esencial para la educación superior, y está vinculada al  goce efectivo de la libertad de expresión, opinión y acceso a dar y recibir información. Estos derechos y libertades,  enfrentan cambios originados por las nuevas tecnologías y las dinámicas  provocadas por la pandemia. Esto nos lleva a pensar la educación y  la   libertad académica, a partir de las nuevas formas que ofrecen las tecnologías disruptivas, los nuevos productos y servicios en su mayoría desde el acceso a internet, y  están modificando los cambios comunicacionales aumentando las  entradas hacia una gran cantidad de información, conocimiento y recursos educativos.

¿Cómo puede ser afectada la libertad académica por la falta de internet?

Si bien es cierto, el acceso a internet con ancho de banda suficiente, es esencial para el desarrollo de una sociedad  informada y democrática.  Por el contrario, la falta de conexión y de banda ancha limita  el uso extendido en la educación, y en otras áreas de la vida, reduciendo el derecho a la información.

La libertad académica está vulnerada, si no hay un acceso  significativo y asequible para docentes y alumnos que permita desarrollar una plena  alfabetización digital y  otras habilidades necesarias para el desarrollo de la actividad educativa y científica. Por lo tanto, es necesaria la inclusión al acceso a internet y nuevas tecnologías, y los centros educativos contar con los recursos financieros  para  instalar y adquirir recursos tecnológicos, incluyendo a las zonas rurales  que  aún carecen de redes de banda ancha o conectividad asequible.

Los gobiernos tienen la obligación de garantizar recursos tecnológicos en los centros de educación en todos los niveles, de acuerdo  con los pactos y convenciones sobre el derecho a la educación existentes, esto se refiere dotar de  computadoras, tabletas y otros dispositivos necesarios para  potenciar las tecnologías de la información y comunicación.

Finalmente, el derecho a la educación de calidad y el acceso a internet no está garantizado en Venezuela y la libertad académica amenazada, si el Estado venezolano no   alienta la inversión en conectividad y servicios, baja los costos al acceso de la información  y democratiza el internet para la educación de no ser así,  se estaría incrementado la brecha digital y el acceso a dar y recibir información  limitando un derecho que debe ser universal.

(*) Dir. Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV