El  informe presentado por el Centro para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (CDHUCV), muestra los resultados de una investigación desarrollada durante el primer semestre   de 2021.  En este informe, se analiza  la situación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), en   marco de la Emergencia Humanitaria Compleja y Sanitaria que se vive en Venezuela, y las consecuencias que ha generando en la comunidad universitaria de la UCV.

Para Juan Carlos Barreto, director del CDHUCV, el contenido de este informe se obtiene de la documentación de testimonios de docentes, investigadores, personal administrativo, técnico,  obrero y estudiantes, contextualizado desde 2018 y mayo 2021. Los derechos consultados permitieron registrar y describir la situación de vulnerabilidad de esta comunidad y su núcleo familiar, con respecto a los DESCA.

Está investigación, tal como informó Barreto, “surge con el fin de ampliar las voces de la comunidad universitaria hacia los responsables de las políticas educativas en el país,  para alertar y visibilizar la precaria situación que padecen los universitarios como resultado del incumplimiento del Estado venezolano, al no realizar inversiones ni tomar las decisiones necesarias para superar el actual colapso de las universidades”.

Desde el 2018, miembros de la comunidad universitaria y el  núcleo familiar han presentado contingencias de salud, sin poder contar con la institucionalidad del Estado.

Un promedio de edad se encuentra en 63 años, por lo que una proporción importante de la población universitaria presenta enfermedades crónicas y requieren de medicación. El 60,1% de las personas consultadas  indicaron  padecer de una enfermedad crónica que demanda medicación permanente. De ese total, el 76,3% ha presentado limitaciones para cubrir su tratamiento.

El derecho a la salud también está vulnerado durante la pandemia, los universitarios no han tenido apoyo para gestionar pruebas, recibir tratamiento ante el contagio de Covid-19.

Destacó Juan Carlos Barreto, que el 87,2% de la comunidad universitaria señala, que el total de sus ingresos (salario y otros aportes) no le permiten cubrir el acceso a los alimentos a su núcleo familiar. Una alta población de esta comunidad no se alimenta bien, por lo que su vida y salud está permanentemente en riesgo.

Entre 2018 y 2021, las remuneraciones de la comunidad universitaria no garantizan el mínimo de condiciones vitales. El 97 %  de la comunidad universitaria ha señalado como insuficiente el salario impuesto desde el Estado y rechazan el control del presupuesto a las universidades como política, mediante instrucciones procedentes desde el Ministerio para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEU), sin ninguna aprobación y discusión con el sector universitario, está situación ha provocado que los universitarios tengan que acudir al pluriempleo y a la solidaridad como medio para subsistir ante los bajos salarios.

Durante el 2020, el Centro para la Paz y Los Derechos Humanos de la UCV, registró que al menos el 52% de los estudiantes consultados, afirmaron no estar seguros de culminar su carrera, y señalan la falta de servicios básicos en sus hogares (agua, fallas eléctricas, de telefonía móvil y fija, acceso a internet) como necesarios para continuar con su educación. “Un 30% señaló la necesidad de trabajar para contribuir en la economía familiar. Otra grave situación fue la expresada por el 95% de los estudiantes  en relación al bajo monto  asignado a las becas estudiantiles”.  

La presentación, además de los resultados del informe, ha contando con apoyo de  organizaciones  como Provea y  la FIDH, propiciando  un espacio el  que se ha podido conocer lo que está pasando con muchos universitarios, además cómo ésta se ha hecho más intensa desde la crisis de la COVID-19.

José Gregorio Afonso,  experto que monitoriza la situación social de los profesores en la UCV; Lissette González, experta en política social y responsable de proyectos de Provea y la FIDH, junto a Juan Carlos Barreto director del CDHUCV,  han expuesto los motivos y las características de este momento, con base en los casos analizados han confirmado como la situación de los derechos a la alimentación, educación, salud, seguridad física, medio ambiente y derechos sociales en la comunidad universitaria, sigue presentado situaciones precarias.