Los voceros de las políticas oficialistas universitarias han decidido conceder mayores prerrogativas al CNU, sin tener atribuciones legales para ello. Organismo de cuestionable origen, que fue creado mediante reforma a la Ley de Universidades de 1958, promulgada en septiembre de 1970, precedida por el allanamiento de la UCV, cuyo propósito fue otorgar mayores atribuciones al Gobierno en desmedro de la autonomía universitaria y garantizar a los funcionarios de turno, disponer siempre de mayoría para los fines a que hubiere lugar.

Testimonio de la naturaleza de ese organismo y de la manera como puede utilizarse de forma coactiva, se constata durante la última sesión del CNU del 17 del presente mes, cuando el Ministro para la Educación Universitaria hizo aprobar Normas (que se explican en el voto salvado anexo) contrarias a los principios autonómicos que rigen a las Universidades, fundamentados en la Constitución Nacional y la vigente Ley de Universidades.

Es destacable que quienes hablan de democracia participativa y acusan a los Gobiernos anteriores a 1999 de atentados contra las Universidades Autónomas, no tengan reparo alguno para utilizar el CNU, prevalidos de las características punitivas del mismo.

Profesor Amalio Belmonte

Secretario de la UCV

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