Espacio del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV “Padre Luís María Olaso”, para el abordaje de los derechos humanos desde la opinión, la reflexión, análisis y denuncia de temas centrales que afectan a la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Por. Juan Carlos Barreto (*)

La situación de los Derechos Humanos  en  Venezuela vuelve a ser evaluada en el 3er Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), por el Consejo de Derechos Humanos, Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal,  en su 40º período de sesiones el próximo 24 de enero al 4 de febrero de 2022.  Recordemos que la 1era vez fue en 2011 y la 2da en 2016, sin embargo durante los últimos cuatro años el gobierno en control de Venezuela no ha corregido ni aplicado ninguna de las recomendaciones de los ciclos anteriores, razones de peso para seguir señalando al gobierno venezolano como violador de derechos humanos.

En este tercer ciclo, el Estado recibirá nuevas recomendaciones para corregir sus políticas en materia de derechos humanos. Este  examen fue creado en el año 2007 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para evaluar a  los Estados miembros de la ONU y poder revisar el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

El EPU se basa en la documentación aportada por el Estado examinado, la información de parte de los Sistemas de Protección de derechos humanos y la Sociedad Civil, y de esta manera verificar la implementación de recomendaciones que han emitido los Estados miembros  de la ONU en el examen del ciclo y de las anteriores revisiones,  así como las emitidas por órganos y mecanismos de protección con el objetivo de reforzar la responsabilidad de los Estados. En este caso de Venezuela, será examinada en  el cumplimiento de obligaciones que garanticen los derechos humanos a toda la población, sin excusas o alegatos de falta de recursos o dificultades internas. 

Al respecto, la Resolución  60/251 de la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos precisó  que el EPU “esta basado en información objetiva y fidedigna”, es realizado por los propio Estados  y se garantiza la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto a todos los Estado, aplicando un diálogo interactivo , con la plena participación del país objeto de la evaluación. El fin es el mejoramiento de la situación de derechos humanos en el terreno, avances o retrocesos y cumplimiento de las obligaciones.

En el EPU aplicado a Venezuela en 2016, se observó que 50 Estados hicieron recomendaciones  y otros   26 consignaron las de manera escrita, para  un total de 148 recomendaciones, de las cuales 95 (64%) fueron aceptadas  por Venezuela y 53 (35,8%) no lo fueron, relacionadas con 29 temas en derechos humanos, ocupando mayor relevancia el derecho a la libertad de expresión, los derechos de las personas privadas de libertad, los derechos sociales en general, la independencia del poder judicial, los derechos de la mujer, el derecho a la vida y a la integridad personal.

Para este 3er ciclo, se recibieron contribuciones de actores interesados, tanto nacionales como internacionales, para tener una información más amplia, específica y profunda sobre la situación de derechos de las personas en el país examinado durante los últimos cuatro años, es decir, Venezuela será revisada entre los años 2016 y 2020. Es importante destacar, que este mecanismo abre un espacio a la sociedad civil para enviar  información desde sus espacios sobre las violaciones de derechos humanos por los cuales se podrá evaluar al Estado frente al Consejo de Derechos Humanos, creando así incidencia desde sus regiones. Además de hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones pendientes por cumplir y ejecutar por parte del gobierno venezolano.

Es preciso tener en cuenta, que aún  se mantiene el incumplimiento de compromisos adquiridos en los ciclos anteriores.  La situación de  derechos humanos sigue generando preocupación, en temas como el migratorio, la salud en contexto de pandemia, el deterioro de la educación, la violación de la autonomía universitaria, muertes en supuestos enfrentamientos con las fuerzas del Estado en los últimos años, restricciones del derecho a la libertad de los manifestantes, los medios de comunicación y el personal sanitario, la adopción de leyes y reglamentos que afectaron a los derechos a la libertad de asociación y reunión. Desapariciones forzadas y persecución a actores políticos de oposición figura entre los ejes que serán discutidos.

Otros de los temas que será presentado y genera preocupación en los órganos internacionales, se refiere a los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de los funcionarios públicos,  Además, a pesar del aumento del salario mínimo, su cuantía no se indexaba a la inflación preocupado por los bajos niveles de ingresos que tienen los trabajos en Venezuela. En esta oportunidad, el examen será muy exhaustivo, abordando otras temáticas que no se encontraban en el contexto de los años 2011 y 2016, como la situación de los  migrantes, refugiados y desplazados internos, el derecho a un nivel de vida adecuado, entre otros temas que afectan a todos los venezolanos.

Desde el Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV, esperamos que el Estado y agentes de gobierno, asuman el compromiso y obligaciones internacionales en la materia para así evitar que millones de venezolanos sigan padeciendo la crisis generada por la emergencia humanitaria compleja y su prolongación en el tiempo, por la ausencia de políticas públicas con enfoque de derechos humanos y la omisión de sus obligaciones por parte del gobierno.

(*) Dir. Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV.