Espacio del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV “Padre Luis María Olaso”, para el abordaje de los Derechos Humanos desde la opinión, la reflexión, análisis y denuncia de temas centrales que afectan a la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Por. Juan Carlos Barreto (*)

La situación de derechos humanos en Venezuela no es un secreto que el actual gobierno pueda ocultar, no solo atravesamos ausencia de democracia, sino  también una fuerte  crisis económica que sigue afectando a diferentes sectores de la sociedad venezolana, llevando la pobreza a niveles que habían sido desconocidos por los venezolanos, incluso a enfrentar situaciones inéditas como las consecuencias de estar atravesando una emergencia humanitaria compleja, la persecución sistemática a defensores  de derechos humanos, la crisis del sistema público de salud y educativo,  el incumplimiento de derechos civiles y políticos, destacando el cierre de medios de comunicación, persecución a periodistas, inhabilitaciones políticas, muertes y desapariciones forzadas; a lo que sumamos el incumplimiento de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales.

Todo este contexto, adelantó que diversos organismos internacionales cuestionen la situación en materia de derechos humanos en Venezuela, al punto que tanto la Misión de Determinación de Hechos de la ONU sobre Venezuela como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, resaltaron que hay “motivos razonables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad”, lo que da una explicación clara y razonada de la situación que se vive en Venezuela.

Ante este escenario, el pasado 15 de abril de 2022, la Comisión de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional oficialista, aprobó para su discusión el proyecto que limitaría el financiamiento internacional a las agrupaciones civiles. Se trata de  un proyecto de  ley que, de ser aprobado, tendría consecuencias aún más devastadoras para la  personas en situación de mayor vulnerabilidad y la sociedad civil venezolana,  ya que se estaría cerrando el acceso al apoyo que ofrece la comunidad internacional a las capacidades  de protección, asistencia y desarrollo de la población en materia económica, social,  civil y humanitaria. La aprobación de dicho Proyecto de Ley, sería una muestra clara de como el gobierno de Venezuela estaría violando  un derecho humano establecido en tratados internacionales  suscritos por el país, ya que éste limitaría poder aliviar y ayudar a superar las masivas y múltiples  privaciones que se enfrentan en la actualidad, por ser un proyecto de ley que  incluye graves restricciones a la actividad de las ONG y demás formas asociativas, siendo una amenaza para el trabajo a beneficio de los más vulnerables.

El  Proyecto de Ley de Cooperación Internacional o ley anti solidaridad,  ha sido denunciado y rechazado de forma pública por más de 500 organizaciones de la sociedad civil venezolana, por contener de forma explícita la pretensión del  gobierno de controlar todos los aportes que permiten a iglesias, universidades, sindicatos, fundaciones, ONG y organizaciones humanitarias, ayudar a las personas de forma directa y sin discriminación, además es concebido como la profundización  de un  nueva forma de autoritarismo y persecución que desde hace años se ejerce desde el poder como práctica política.

Para las universidades, esta Ley afectaría el trabajo colaborativo e interinstitucional que durante décadas, los centros de educación superior mantienen con Embajadas, Organismos Internacionales y comunidad internacional dentro del mandato de la ONU y la Unesco, en la búsqueda de soluciones a los problemas más relevantes de la humanidad, entre los que se encuentran: la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, los derechos humanos, el desarme, el terrorismo, las emergencias humanitarias y de salud, la igualdad de género, la gobernanza y la alimentación, como también el intercambio científico y la cooperación entre centros de investigación que adelantan estudios de manera conjunta .

La defensa de los derechos humanos y el espacio cívico, sufrirían limitaciones al ser reducidas, al no poder contar con el apoyo técnico, económico y en especies, para la ayuda humanitaria a los ciudadanos afectados por la pobreza y las consecuencias generadas por la COVID-19 y otras variantes, mantener y proteger la paz, fortalecer y proteger la democracia y la libertad de expresión, brindar protección a los ciudadanos que sufren discriminación por su raza, credo, origen, orientación sexual y de género y muchos  que no cuentan con recursos para adquirir medicamentos de alto costo.

Desde la sociedad civil, hacemos un llamado al gobierno nacional a rectificar en la idea de limitar y controlar la cooperación internacional, por ser un  instrumento de protección de los defensores de los derechos humanos que permite a las organizaciones continuar con su trabajo, libres de injerencia y de amenazas.

(*) Director Centro para la Paz y Derechos Humanos UCV