DDHH Hoy. Situación de DDHH en Venezuela, actualización del último informe de Michelle Bachelet en la ONU

Espacio del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV “Padre Luis María Olaso”, para el abordaje de los Derechos Humanos desde la opinión, la reflexión, análisis y denuncia de temas centrales que afectan a la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Por Juan Carlos Barreto (*)

La actualización del último informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela fue presentada durante el 50º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, cuya  actualización oral sobre Venezuela fue trasmitida en vivo por UN Web tv7[1],  el 29 de junio de 2022.

En la presentación de la Alta Comisionada, al igual que otros informes anteriores, se siguen reportando  casos de detenciones arbitrarias,  ejecuciones, silenciamiento a medios de comunicación siendo ésta un clara violación la libertad de expresión. Además de reiterados llamados sobre la necesidad de garantizar “…investigaciones prontas, independientes, efectivas, imparciales, transparentes, exhaustivas y creíbles y procedimientos judiciales en los casos de presuntas violaciones de los Derechos Humanos…»

Además, en el informe se encuentran las últimas actualizaciones que tienen que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico en Venezuela, como también el seguimiento a la aplicación de las recomendaciones realizadas anteriormente por la  Oficina de la Alta Comisiona para Venezuela. Sobre está situación, la Alta Comisionada fue enfática al señalar la necesidad de redoblar acciones para no dejar a nadie atrás. Por lo que realizó un llamado a las autoridades venezolanas a construir una economía en la que se cierren las brechas de desigualdad entre la población. Mientras, señaló el costo del salario mínimo que sólo cubre el 8% de la canasta básica, de acuerdo con información de la sociedad civil venezolana.

Esta situación no puede ser negada por el gobierno de Nicolás Maduro, en momentos donde ha causado graves desmejoras salariales a diferentes sectores, entre ellos, el universitario y salud.  Bachelet instó a que los recursos disponibles por el Estado venezolano se destinen mayormente a abordar las brechas de servicios esenciales, como los centros de salud, mientras llamó a que la asignación de recursos sea un proceso transparente y se tenga acceso a cifras.  Un derecho cuesta arriba en Venezuela.

Datos de interés como lo denunciado  por  el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social detallan como, entre enero y junio 2022, se produjeron  3.393 actos de protesta, en su mayor parte en relación con derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos laborales, los servicios médicos, los altos precios de los alimentos y la falta de servicios básicos, incluído el combustible. Situación que es sufrida diariamente por muchos venezolanos a lo largo y ancho de todo el país. 

Como ciudadanos nos deben preocupar las palabras de la Alta Comisionada al  denunciar los bloqueos de páginas web, el hostigamiento contra medios de comunicación y los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos y la permanente  desacreditación de los disidentes políticos que se  mantiene, y expresando que su oficina documentó 34 actos contra la libertad de expresión en Venezuela.

En ese sentido, la Alta Comisionada hace un llamado a las autoridades venezolanas a garantizar los derechos de expresión, opinión, reunión y manifestación pacífica en el país,  igualmente asegurar transparencia en cuanto a cifras y estadísticas oficiales, ya que esto afecta el derecho a la información pública, la veracidad y confiabilidad de situaciones de interés nacional. Bachelet se mostró preocupada por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, señalando como en  mayo de 2021 y abril de este año, su oficina documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes.

En Venezuela la situación de la libertad de expresión, ha mostrado episodios  denunciados por la organización venezolana Espacio Público, al denunciar como en   2021 documentaron  244 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión, con 161 casos de intimidación, 38 de hostigamiento verbal, 34 amenazas, 10 ataques y 6 agresiones. En el último año 35 personas fueron detenidas arbitrariamente y 6 de ellas eran integrantes de ONG.  Todas estas restricciones, afectan la falta de transparencia y acceso a la información de datos epidemiológicos sobre la pandemia de COVID-19 lo que ha causado efectos nocivos sobre la sociedad por la falta información real.

La Alta Comisionada, reitera su llamado al Gobierno de Nicolás Maduro de liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente: «En especial quienes han cumplido condena o se les ha concedido boleta de excarcelación». Aunque destaca algunas mejoras en el sistema carcelario venezolano.

Fue muy clara ante la solicitud de reforma del Tribunal Supremo de Justicia  instando a que se lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas con las debidas garantías procesales que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores, y a la reparación completa para las víctimas y sus familias.

Durante el debate del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue posible la participación de organizaciones  defensoras de derechos humanos de Venezuela y  no faltaron las recomendaciones de  decenas de países, para que Venezuela retome la agenda de derechos humanos si supere la crisis que tanto daño hace a los venezolanos.

(*) Director del Centro para la Paz y Derechos Humanos de la UCV


[1]  Disponible en https://media.un.org/en/asset/k1r/k1royo7pn7  

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