Espacio del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV “Padre Luis María Olaso”, para el abordaje de los Derechos Humanos desde la opinión, la reflexión, análisis y denuncia de temas centrales que afectan a la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Por Juan Carlos Barreto (*)

Lo que actualmente conocemos como derechos humanos se integra con los derechos y las libertades inherentes al ser humano, compilados en el documento histórico  de mayor relevancia para el sistema de protección universal, con  la promesa de la dignidad e igualdad;  librando del sufrimiento y dolor  a millones de personas durante los últimos 74 años. Este 10 de  diciembre de 2022, día de los Derechos Humanos lanza una campaña para conocer la Declaración Universal, legado, relevancia y activismo, para ampliar su reconocimiento para el próximo 75º aniversario a celebrarse el 2023.

Este llamado nos compromete con un mundo mejor,  nos plantea como el elemento determinante desde el cual se intenta abordar los problemas de la sociedad actual, éstos implican la convergencia entre la ética, la dignidad humana, la política y el derecho. Sin embargo, hay un largo camino aún para lograr que el sistema social y político asegure igualdad en dignidad, en libertades y en derechos en cada ámbito de la vida.

Para los venezolanos, la agenda implica desafíos como el enfrentar la paradoja y la distancia que hay entre la Venezuela  que queremos ser, un país de derechos y libertades en democracia, y la Venezuela que en la práctica no queremos dejar,  donde prevalece un sistema de desigualdades históricamente instalado, y con visiones autoritarias en cada espacio público y privado. Pensar  en la igualdad como horizonte político que  exige  la democracia, no sólo sustanciada en lo electoral sino en todos los derechos humanos de cada venezolano. La visión política debe ampliarse integralmente para dotar con claridad de este contenido, a los que mantiene el control político, como para quienes buscan  el poder político.

Nos debe preocupar, ver como el  gobierno sigue realizando declaraciones públicas en las que atacaba a organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos y personalidades académicas, así como a mujeres que protestan contra la violencia de género. Cerramos un año, con reiteradas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales durante la detención de personas o el control de las protestas. Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo elevados niveles de violencia de género y las investigaciones penales por feminicidios siguen siendo insuficientes.

A pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela  establece garantías  a toda persona, conforme  al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, dictando  obligaciones además para los órganos del Poder Público, no obstante  en la práctica, la vulneración de los derechos fundamentales en Venezuela, es una práctica recurrente que se manifiesta en los tres niveles de gobierno y en los diferentes sectores gubernamentales. Un hecho particularmente preocupante es que las instituciones más señaladas por violar derechos son también las que tienen a su cargo la satisfacción de necesidades esenciales, entre ellas la salud, la seguridad social, la seguridad pública, la procuración de justicia, la educación y la vivienda. Decir que la vulneración a los derechos humanos se restringe a una deficiencia de la política del Estado o a los excesos de los cuerpos de seguridad, sería un rasgo limitado. Porque las violaciones a los derechos fundamentales en nuestro país son cometidas por todo tipo de servidores públicos y sus consecuencias repercuten negativamente en la calidad de vida de las personas.

Es claro, la política de Estado en derechos humanos y las formas de ejercer el poder político, están  provocando que los derechos humanos no sean asumidos desde una visión de Estado. Es el momento de reflexionar, porque las violaciones de derechos humanos tienen repercusiones más allá de las fronteras y en las generaciones que las padecen. La democracia requiere demócratas, y un sistema de derechos y libertades implica una cultura social y política diferente, acorde. Las leyes no cambian la cultura, pero sí obligan a impulsar los cambios, desde cada institución del Estado, entre los gobiernos y sus pueblos y dentro de la sociedad.

(*) Director del Centro para la paz y los Derechos Humanos de la UCV