Espacio del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV “Padre Luís María Olaso”, para el abordaje de los derechos humanos desde la opinión, la reflexión, análisis y denuncia de temas centrales que afectan a la comunidad universitaria y la sociedad en general.

Por Juan Carlos Barreto (*)

Venezuela es tema de discusión tanto en el ámbito nacional como en el internacional, las violaciones a derechos humanos han sido presentadas por la Alta Comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, el miércoles 15 de septiembre de 2021. De la misma manera, fue presentado un segundo informe por la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de Hechos sobre Venezuela destacando en esta ocasión, al poder judicial y su actuación en la administración de justicia.

En el informe presentado por la Alta Comisionada,  podemos destacar como la situación de las universidades sigue siendo un tema que preocupa a este importante organismo  de la ONU, haciendo un llamado a las autoridades de Venezuela para que permitan en las universidades autónomas celebrar elecciones libres y justas de autoridades universitarias y que garanticen una amplia participación de sus comunidades y en sus asuntos presupuestarios.

En ese sentido, el informe expresa claramente, «La solicitud de revisión para que la participación en estas elecciones se limite al cuerpo docente de la facultad, estudiantes y egresados, presentada conjuntamente por las universidades autónomas el 3 de marzo de 2020 contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia N° 0047-2020, del 27 de febrero de 2020, según se informa, sigue sin respuesta. El Estado debe garantizar la libertad de asociación de los trabajadores y las trabajadoras de las universidades y promover la homologación de los convenios colectivos libremente negociados para mejorar las condiciones laborales en las universidades autónomas».

En el  Informe de la Alta Comisionada sobre Venezuela, se puede leer textualmente, «Universidades reportaron una disminución de más de 20 por ciento su presupuesto total, y repetidos ataques a sus instalaciones y robo de equipos por parte de actores privados, según denunciaron a las autoridades pertinentes.

Por ejemplo, en 2021, la Universidad Central de Venezuela habría recibido sólo el 2,27 por ciento de sus presupuestos anuales programados, utilizados principalmente para el pago de salarios. La falta de recursos financieros y de seguridad para las instituciones educativas ha afectado gravemente su capacidad de ofrecer una educación accesible y de calidad.»  Sobre estas violaciones, es evidente como el Estado está dejando de cumplir con las obligaciones de garantizar los derechos humanos, suscritos por Venezuela en diferentes pactos internacionales y de las recomendaciones en la materia indicadas por la Oficina de la Alta Comisionada.  Otras amenazas, hostigamiento y criminalización en contra de estudiantes universitarios también  fueron presentadas en detalle en el informe, dando muestra que en Venezuela existe persecución política a quienes piensan de forma contraria.

El seguimiento a la situación de derechos humanos en Venezuela sigue siendo tema de interés, así lo demuestra el segundo informe de actualización de la Misión Independiente de la ONU sobre Venezuela presentado este jueves 16 de septiembre de 2021.

Según este informe, los jueces y fiscales tienen un papel muy importante en las graves violaciones de DDHH contra opositores al gobierno en control en Venezuela. La Misión describe este escenario como «una profunda erosión» de la independencia judicial en el país.

Esto deja constancia de cómo las deficiencias del sistema de justicia han venido acompañadas de una gran cantidad de violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional en el contexto de una política de Estado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno desde los acontecimientos de 2014.

Es por esta razón que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidió crear en 2019 esta Misión, para así poder investigar sobre las presuntas violaciones de los derechos humanos contra opositores de las cuales se acusa al Estado venezolano.

Algunas de las cosas destacables de este informe es la cantidad de asesinatos cometidos por fuerzas policiales. La Misión identificó más de 200 asesinatos desde comienzo del año. Asimismo, en 113 de los 183 casos de detenciones examinados por la Misión entre 2014 y 2021, las personas detenidas o sus representantes denunciaron que fueron torturados, sufrieron violencia sexual o tratos crueles. Además de  Investigar  y analizóar 73 detenciones adicionales, incluidas 19 desde septiembre de 2020.

La Misión identificó un patrón en el que actores judiciales o de la fiscalía se basaron en medios de prueba falsificados, manipulados o sembrados para justificar una detención o sostener los cargos y/o no investigaron las denuncias de que las detenciones se habían realizado sobre la base de dichos medios de prueba, entre muchas otras violaciones a los Derechos Humanos.

Es importante aclarar que la Misión no ha podido visitar Venezuela, por negativa del gobierno, pero los informes han sido de una gran rigurosidad. El mandato de la Misión no es solo investigar torturas, además tiene un rol en la determinación de autores de los crímenes.

Las violaciones no pueden quedar en el olvido, son muchas las víctimas y familiares que exigen justicia. La crisis continúa en Venezuela, muchas familias sufren en silencio los abusos y la falta de independencia del Sistema de Justicia. Los defensores de derechos humanos seguimos documentando y exigiendo justicia, único mecanismo para alcanzar la Paz y reconciliación  en Venezuela.

(*) Dir. Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV