Un espacio que busca exigir la libertad de los sindicalistas y luchadores quienes arbitrariamente fueron detenidos por exigir sus derechos. El evento contó con la participación del «Comité de Familiares de los Trabajadores y Luchadores Presos», así como familiares y amigos de los detenidos.
El acto se llevó a cabo en el Auditorio Tobías Lasser de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, con la participación de diferentes artistas destacados, quienes se solidarizaron con los presos políticos alzando su viva voz por cada uno de ellos.
Yorbelis Oropeza, esposa del detenido Alcides Bracho, explicó que desde julio se encuentran detenidos seis hombres: Alcides Bracho, Gabriel Blanco, Alonso Meléndez, Reynaldo Cortés, Emilio Negrín y Néstor Astudillo.
«Fueron apresados entre los días 4 y 7 de julio por fuerzas policiales del Estado, sin orden de allanamiento. Han pasado 92 días de la detención», indicó Oropeza durante el evento, quien hizo un llamado «para seguir en pie de lucha por estos defensores de los DDHH quienes injustamente continúan privados de libertad».
En la foto Yorbelys Oropeza, esposa de Alcides Bracho (detenido recientemente). Oropeza habló en nombre de todos los familiares victima de las represiones.
Por su parte Eduardo Torres, abogado ucevista y defensor de Emilio Negrin, informó que se trata de un acto político cultural, bajo la campaña «#NavidadsinPresosPoliticos, en defensa de los DDHH y a favor de la libertad de los detenidos arbitrariamente.
«En Venezuela no estamos confrontando, nos estamos defendiendo con los medios pacíficos, legales, democráticos, que no vamos a entregar y que se encuentran en la CRBV y los tratados internacionales suscritos por la Republica en materia de DDHH».
«En esa defensa la comunidad internacional, los mecanismos e instituciones de DDHH incluidos los de la ONU, están con nosotros para el retorno de la justicia, la democracia y la libertad a nuestro país», indicó el activista en DDHH durante el acto.
Cabe resaltar que actualmente en Venezuela hay 322 presos políticos y hasta la fecha han muerto más de 330 personas a causa de represión.
«En este momento hay 23 mujeres injustamente detenidas a las cuales se les ha violado el debido proceso y han sido muchas de ellas víctimas de agresiones y tratos crueles».
«En los últimos 10 años más de 130 trabajadores han sido judicializados y 31 de ellos se encuentran injustamente detenidos» informó la activista en DDHH y ucevista Sairam Rivas cuando realizó la invitación al acto por sus redes sociales.
El auditorio Tobias Lásser de la Facultad de Ciencias UCV ,se colmo con la participación de familiares y la solidaridad de los amigos de los presos políticos que exigen justicia y libertadGrupo Free ConvitComité de familiares de los trabajadores y luchadores presos
Espacio del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV “Padre Luis María Olaso”, para el abordaje de los Derechos Humanos desde la opinión, la reflexión, análisis y denuncia de temas centrales que afectan a la comunidad universitaria y la sociedad en general.
Por Juan Carlos Barreto (*)
La actualización del último informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, sobre la situación de Derechos Humanos en Venezuela fue presentada durante el 50º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos, cuya actualización oral sobre Venezuela fue trasmitida en vivo por UN Web tv7[1], el 29 de junio de 2022.
En la presentación de la Alta Comisionada, al igual que otros informes anteriores, se siguen reportando casos de detenciones arbitrarias, ejecuciones, silenciamiento a medios de comunicación siendo ésta un clara violación la libertad de expresión. Además de reiterados llamados sobre la necesidad de garantizar “…investigaciones prontas, independientes, efectivas, imparciales, transparentes, exhaustivas y creíbles y procedimientos judiciales en los casos de presuntas violaciones de los Derechos Humanos…»
Además, en el informe se encuentran las últimas actualizaciones que tienen que ver con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el estado de derecho y el espacio cívico en Venezuela, como también el seguimiento a la aplicación de las recomendaciones realizadas anteriormente por la Oficina de la Alta Comisiona para Venezuela. Sobre está situación, la Alta Comisionada fue enfática al señalar la necesidad de redoblar acciones para no dejar a nadie atrás. Por lo que realizó un llamado a las autoridades venezolanas a construir una economía en la que se cierren las brechas de desigualdad entre la población. Mientras, señaló el costo del salario mínimo que sólo cubre el 8% de la canasta básica, de acuerdo con información de la sociedad civil venezolana.
Esta situación no puede ser negada por el gobierno de Nicolás Maduro, en momentos donde ha causado graves desmejoras salariales a diferentes sectores, entre ellos, el universitario y salud. Bachelet instó a que los recursos disponibles por el Estado venezolano se destinen mayormente a abordar las brechas de servicios esenciales, como los centros de salud, mientras llamó a que la asignación de recursos sea un proceso transparente y se tenga acceso a cifras. Un derecho cuesta arriba en Venezuela.
Datos de interés como lo denunciado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social detallan como, entre enero y junio 2022, se produjeron 3.393 actos de protesta, en su mayor parte en relación con derechos económicos, sociales y culturales, tales como los derechos laborales, los servicios médicos, los altos precios de los alimentos y la falta de servicios básicos, incluído el combustible. Situación que es sufrida diariamente por muchos venezolanos a lo largo y ancho de todo el país.
Como ciudadanos nos deben preocupar las palabras de la Alta Comisionada al denunciar los bloqueos de páginas web, el hostigamiento contra medios de comunicación y los ataques a periodistas y defensores de derechos humanos y la permanente desacreditación de los disidentes políticos que se mantiene, y expresando que su oficina documentó 34 actos contra la libertad de expresión en Venezuela.
En ese sentido, la Alta Comisionada hace un llamado a las autoridades venezolanas a garantizar los derechos de expresión, opinión, reunión y manifestación pacífica en el país, igualmente asegurar transparencia en cuanto a cifras y estadísticas oficiales, ya que esto afecta el derecho a la información pública, la veracidad y confiabilidad de situaciones de interés nacional. Bachelet se mostró preocupada por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela, señalando como en mayo de 2021 y abril de este año, su oficina documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes.
En Venezuela la situación de la libertad de expresión, ha mostrado episodios denunciados por la organización venezolana Espacio Público, al denunciar como en 2021 documentaron 244 casos de violaciones del derecho a la libertad de expresión, con 161 casos de intimidación, 38 de hostigamiento verbal, 34 amenazas, 10 ataques y 6 agresiones. En el último año 35 personas fueron detenidas arbitrariamente y 6 de ellas eran integrantes de ONG. Todas estas restricciones, afectan la falta de transparencia y acceso a la información de datos epidemiológicos sobre la pandemia de COVID-19 lo que ha causado efectos nocivos sobre la sociedad por la falta información real.
La Alta Comisionada, reitera su llamado al Gobierno de Nicolás Maduro de liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente: «En especial quienes han cumplido condena o se les ha concedido boleta de excarcelación». Aunque destaca algunas mejoras en el sistema carcelario venezolano.
Fue muy clara ante la solicitud de reforma del Tribunal Supremo de Justicia instando a que se lleven a cabo investigaciones independientes, exhaustivas y oportunas con las debidas garantías procesales que conduzcan a la rendición de cuentas de todos los perpetradores, y a la reparación completa para las víctimas y sus familias.
Durante el debate del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fue posible la participación de organizaciones defensoras de derechos humanos de Venezuela y no faltaron las recomendaciones de decenas de países, para que Venezuela retome la agenda de derechos humanos si supere la crisis que tanto daño hace a los venezolanos.
(*) Director del Centro para la Paz y Derechos Humanos de la UCV
Espacio del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV “Padre Luís María Olaso”, para el abordaje de los derechos humanos desde la opinión, la reflexión, análisis y denuncia de temas centrales que afectan a la comunidad universitaria y la sociedad en general.
Por. Juan Carlos Barreto (*)
El viernes 16 de marzo de 2021 la Organización Aula Abierta Venezuela junto al observatorio de Derechos Humanos de la ULA, la Comisión de DDHH de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de LUZ, el Centro para la Paz y los DDHH de la UCV, reunimos a un grupo de activistas de derechos humanos y estudiantes para analizar la situación de la libertad de expresión y acceso a internet de la juventud universitaria en Venezuela.
Juan Carlos Barreto, Director del centro para la Paz y los DDHH de la UCV
Como parte del panel de invitados, me correspondió el tema “libertad académica y su relación con el acceso a internet y otros derechos vinculados al quehacer universitario”. Fue preciso hacer referencia a la educación, como un derecho humano básico y un elemento central del desarrollo sostenible y las capacidades humanas. Además, es un aspecto central del cuarto objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que busca «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos». Es decir, permitir a los individuos construir vidas más prósperas y exitosas, libertad económica y bienestar social.
Actualmente, el contexto educativo está marcado por la suspensión de actividades académicas presenciales, en el marco del Decreto N° 4.159, de fecha 13 de marzo de 2020, que declara la situación de alarma nacional, dictando medidas preventivas para evitar la propagación del Covid -19, medidas que se han prolongado hasta la actualidad. Siendo necesario programar estructuras de contenidos, estrategias didácticas y herramientas tecnológicas comunicacionales, para adecuar contenidos que tradicionalmente se realizaban de manera presencial, de acuerdo a la naturaleza de la cada materia, los aspectos prácticos y otras condiciones de exigencia en los planes educativos.
En este sentido, el acceso a internet es fundamental para mantener la calidad educativa en formatos virtuales y, la libertad académica como la garantía que deben tener profesores y estudiantes a enseñar, investigar y difundir conocimientos, hacer ciencia, cultura y arte, a ser críticos desde una visión experta, sin que por esta actividad se vea comprometido el ejercicio académico.
Es decir, la libertad académica es un asunto esencial para la educación superior, y está vinculada al goce efectivo de la libertad de expresión, opinión y acceso a dar y recibir información. Estos derechos y libertades, enfrentan cambios originados por las nuevas tecnologías y las dinámicas provocadas por la pandemia. Esto nos lleva a pensar la educación y la libertad académica, a partir de las nuevas formas que ofrecen las tecnologías disruptivas, los nuevos productos y servicios en su mayoría desde el acceso a internet, y están modificando los cambios comunicacionales aumentando las entradas hacia una gran cantidad de información, conocimiento y recursos educativos.
¿Cómo puede ser afectada la libertad académica por la falta de internet?
Si bien es cierto, el acceso a internet con ancho de banda suficiente, es esencial para el desarrollo de una sociedad informada y democrática. Por el contrario, la falta de conexión y de banda ancha limita el uso extendido en la educación, y en otras áreas de la vida, reduciendo el derecho a la información.
La libertad académica está vulnerada, si no hay un acceso significativo y asequible para docentes y alumnos que permita desarrollar una plena alfabetización digital y otras habilidades necesarias para el desarrollo de la actividad educativa y científica. Por lo tanto, es necesaria la inclusión al acceso a internet y nuevas tecnologías, y los centros educativos contar con los recursos financieros para instalar y adquirir recursos tecnológicos, incluyendo a las zonas rurales que aún carecen de redes de banda ancha o conectividad asequible.
Los gobiernos tienen la obligación de garantizar recursos tecnológicos en los centros de educación en todos los niveles, de acuerdo con los pactos y convenciones sobre el derecho a la educación existentes, esto se refiere dotar de computadoras, tabletas y otros dispositivos necesarios para potenciar las tecnologías de la información y comunicación.
Finalmente, el derecho a la educación de calidad y el acceso a internet no está garantizado en Venezuela y la libertad académica amenazada, si el Estado venezolano no alienta la inversión en conectividad y servicios, baja los costos al acceso de la información y democratiza el internet para la educación de no ser así, se estaría incrementado la brecha digital y el acceso a dar y recibir información limitando un derecho que debe ser universal.
(*) Dir. Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV
Medio oficial de la Universidad Central de Venezuela
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