Este 19 de mayo vicerrectores administrativos de distintas universidades del país se reunieron en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario de la UCV, donde emitieron un comunicado y fijaron su posición de total rechazo con respecto a las nuevas tablas salariales emitidas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y la Opsu en marzo del 2022.
Tal declaración se da, producto de que luego de la emisión del decreto presidencial de aumento de sueldo fueron eliminadas las primas y bonificaciones salariales que recibían los trabajadores universitarios.
El Profesor Amalio Belmonte, vicerrector administrativo (E) de la UCV, destacó que estás acciones por parte del Ejecutivo Nacional disminuyen ostensiblemente el monto del salario de los trabajadores universitarios, pues beneficios que comprendían un 30% del pago mensual total bajaron a un 15%, mientras otros fueron totalmente eliminados provocando un empobrecimiento del poder adquisitivo del trabajador universitario.
Así pues, los vicerrectores administrativos de nueve universidades nacionales realizaron un documento donde, aparte del rechazo a estas medidas del gobierno, se expusieron cuáles han sido las leyes y los artículos violentados por estas acciones. Agregan los distintos convenios que fueron eliminados o reducidos porcentualmente y que fueron obtenidos durante más de 20 años en la “Convención Colectiva de Trabajo” y en las “Convenciones Colectivas Únicas” (I,II,III y IV).

Foto: Xiobel Romero
Los responsables de este documento son las autoridades administrativas de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de Carabobo, la Universidad de Oriente, la Universidad Nacional Abierta, Universidad de Los Andes, Universidad Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, Universidad Nacional Experimental del Táchira, Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, respectivamente.
“Sí un profesor posee 44 años de servicio dentro de la institución, debido a la prima de antigüedad por cada año le era abonado un 2% a su sueldo base, que se traduciría en un total de 88% de abono con respecto al mismo. Sin embargo, a raíz de esta proclamación del gobierno, solo se puede abonar 30% máximo, es decir, le están quitando 58% de esta bonificación y borrándole sus años de servicio”, resaltó el profesor José Ángel Ferreira, Vicerrector Administrativo de la Universidad de Carabobo.
Ferreira a su vez comentó que estas medidas de la Opsu han generado indignación dentro del ambiente universitario nacional y con ello se produjo una fuga de recurso humano con renuncias y jubilaciones tempranas en cada una de las instituciones. Igualmente, resaltó que con estos salarios “a nadie le provoca trabajar dentro de las universidades”, lo que ha devenido en un aumento de vacantes en diversos cargos sin nadie que los ocupe, pues no les genera interés.

Arnaldo Escalona, Vicerrector Administrativo de la Universidad Nacional Abierta, denunció que debido a estas medidas el salario de su personal obrero se vio reducido a menos de la mitad de lo que se ganaba antes. De igual forma, comentó que con estas acciones por parte de las universidades no se busca que le den algo nuevo al sector universitario sino que sea restaurado todo aquello que se eliminó con el instructivo impuesto en el mes de abril.
Escalona declaró que de no recibir respuesta alguna con respecto a este comunicado por parte de algunos de los entes involucrados, ya sea el MPPEU, la Opsu o la Onapre, se buscará realizar acciones que hagan notar esta problemática al público con apoyo de los distintos gremios de las universidades a nivel nacional.
Sobre ello, Amalio Belmonte agregó que de ser nula la respuesta del Gobierno se procederá a realizar denuncias en entes superiores como el Ministerio Público o el TSJ, pues ya los asesores legales de las instituciones evaluaron el instructivo y poseen aval de cuáles fueron las leyes y los artículos violados por esta medida.
