La Asociación de Profesores Universitarios de la UCV (@apucv) fue sede del evento, donde se discutió la reciente propuesta de ley que busca controlar determinadas actividades de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y el carácter inconstitucional que posee.
Este foro se realizó la mañana del jueves 23 de marzo, donde participaron ponentes pertenecientes al Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCV (@centroddhhucv), Provea (@proveaong), el Colegio Nacional de Periodistas (@cnpven) y docentes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la universidad.
La primera intervención la efectuó Tulio Álvarez, jefe de la cátedra mencionada, quien resaltó el carácter ilegal que posee la nueva propuesta de ley efectuada por el Ejecutivo Nacional, que será presentada ante la Asamblea Nacional, sin haber tenido la aprobación previa de la sociedad civil venezolana.

También aseveró, que ante este asedio judicial que está haciendo el Gobierno contra las ONG, la universidad está ante un escenario donde su participación debe ser más activa, pues muchos de los trabajos e investigaciones que se realizan en sus diversas facultades, escuelas e institutos basan sus datos y obtienen información mediante estas organizaciones.
Así pues, señaló que tanto estas organizaciones cómo la universidad y la sociedad en general, están siendo golpeadas por los diversos “muros” legales, que han sido impuestos a lo largo de los 20 años que ha tenido el Gobierno en el poder.
Por su parte, Juan Barreto, Director del Centro para la Paz, habló sobre la violación a los DDHH que esta ley constituye.

También, enfatizó sobre el alcance que podría tener este estatuto incluyendo llegar a acceder a información clasificada como lista de integrantes o colaboradores, lista de benefactores o el listado de las personas a quienes ayudan estas organizaciones; y hacer pública esa información delicada.
A su vez, mencionó que a pesar que esta ley no está aprobada, desde el mandato del ex presidente Chávez, las autoridades y diferentes entes gubernamentales han aplicado de facto, diversas sanciones hacia instituciones sociales como las ONG o incluso las universidades autónomas del país
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El tercer ponente de este evento fue Inti Rodríguez, representante de Provea, quien mostró a los presentes un recuento histórico con respecto a las violaciones de los DDHH, a través de promulgaciones de estatutos legales efectuadas desde el mandato de Chávez hasta el de Nicolás Maduro.

Allí resaltó reformas de leyes como la aplicada en el 2002 a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en el 2005 al Código Penal Venezolano, y a la Ley Organica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el 2009.
También habló sobre la creación de otras como la Ley Contra el Acaparamiento y el Boicot en el 2007; la Ley de Acceso a los Bienes y Servicios en el 2008, y la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo creada en el 2012.
Rodríguez informó que distintas organizaciones contabilizaron a más de 400 personas privadas de libertad o perseguidas, debido a la aplicación de estas leyes, entre ellas trabajadores y dirigentes sindicales, entre los años 2005 y 2013.

De igual manera destacó que actualmente el Ejecutivo Nacional ha acrecentado más esa presión sobre las organizaciones y la sociedad civil en general, y detalló que en estos momentos los dictámenes que han reforzado este “Muro” legal son:
- Ley Contra el Odio (2017).
- Ley de Cooperación Internacional (2022).
- Providencia Administrativa No. 001 – 2021.
- Proyecto de Ley de fiscalización, regulación, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines (2023).
Por otra parte, la moderación de este evento estuvo a cargo de Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas CNP, quien señaló que esta propuesta de ley influye directa e indirectamente en el ejercer periodístico del país, pues declaró que muchos periodistas utilizan datos ofrecidos por estas ONG para sus artículos o investigaciones, así como han solicitado apoyo a las mismas en determinadas circunstancias, lo cual se vería limitado.

El director de la APUCV, Gregorio Afonso, calificó positivamente la realización de este foro y destacó que este tipo de espacios es necesario fomentarlos para enseñarle a la comunidad Ucevista, las diversas formas en que se están viendo coaccionados sus DDHH por parte del Estado.
igualmente mencionó que este tipo de eventos responden a una de las misivas de la ley de universidades vigente, la cual estipula que la academia debe ayudar a esclarecer los problemas nacionales, y debido a esta situación planteada la APUCV está abriendo espacios para visibilizar la magnitud del problema y las vías para solucionarlo.


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